El artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación está a punto de cambiar para siempre la forma en que operan las plataformas digitales en México
Esta disposición, parte del Paquete Económico 2026, le otorgaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso directo y en tiempo real a las plataformas digitales y ha los sistemas internos de empresas como streaming, marketplaces, redes sociales y apps de movilidad.
Aunque el SAT asegura que la medida busca modernizar la recaudación y combatir la evasión fiscal, expertos, organizaciones de la sociedad civil y empresas tecnológicas advierten sobre riesgos importantes para la privacidad, la economía y los derechos humanos.
Vigilancia a plataformas digitales sin precedentes
El texto aprobado por la Cámara de Diputados indica que el incumplimiento de esta obligación podría permitir al SAT bloquear temporalmente los servicios digitales. En términos prácticos, una plataforma podría quedar completamente inaccesible para millones de usuarios en México hasta cumplir con la norma.
Los expertos comentan que, esta medida representa “una interferencia desproporcionada en derechos fundamentales” como la privacidad, la protección de datos personales y el debido proceso. El acceso en línea y en tiempo real se considera una molestia sin garantías judiciales claras.
Organizaciones como Artículo 19 y la Alianza Latinoamericana de Internet (ALAI) —que incluye a gigantes como Meta, Google, Amazon, Mercado Libre y TikTok— advierten que esta facultad del SAT podría derivar en censura indirecta. “El bloqueo de plataformas no es un juego: se trata de espacios donde millones ejercen derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información”, recalcan.
Bloqueo total: una “muerte digital” para empresas
La Asociación de Internet MX advirtió que estas sanciones podrían generar la “muerte digital” temporal o definitiva de plataformas. Si el SAT, el IMSS o el Infonavit ordenan un bloqueo, el servicio dejaría de estar disponible en todo el país, causando pérdidas económicas significativas y afectando directamente a millones de usuarios.
Uno de los problemas más preocupantes es que el artículo no establece límites técnicos ni control judicial previo, lo que permitiría al Estado acceder a información sensible, patrones de comportamiento y flujos financieros sin supervisión independiente.
Impacto económico: riesgo para pymes y comercio electrónico
El nuevo esquema de vigilancia también tendría efectos económicos importantes. Según Mercado Libre, más de un millón de pequeñas y medianas empresas podrían verse afectadas. La retención de capital y control directo sobre transacciones reducen el flujo de dinero mensual, dificultando que estas empresas cubran gastos, inviertan o generen empleos.
El director general de Mercado Libre en México, explica:
“Los porcentajes de retención afectan los márgenes operativos de las pymes, que suelen ser entre 2% y 6%. Esto limita su capacidad de compra, inversión y creación de empleo”.
En resumen, el costo de la formalidad aumentaría, mientras que la carga regulatoria y operativa dificultaría la supervivencia de negocios digitales que dependen de ingresos constantes.
Riesgos para la democracia digital
Organizaciones como ALAI y R3D advierten que la reforma puede contradecir principios de derechos humanos al permitir acceso total y sin justificación a información ciudadana. Esto convierte la fiscalización en un monitoreo constante de actividades económicas, sociales y comunicativas.
Según R3D, el artículo 30-B coloca a México en un camino similar a países con vigilancia estatal intensiva como China, Rusia o Turquía. Recaudar impuestos es legítimo, pero no puede justificarse vulnerando derechos fundamentales.
Un cambio histórico en el ecosistema digital
Aunque aún falta la aprobación del Senado y la promulgación por el Ejecutivo, si el artículo 30-B se mantiene tal como está, el SAT pasará de ser una autoridad fiscal a un observador constante de la economía digital. Esto significa que podría intervenir en tiempo real en la infraestructura tecnológica que sostiene el comercio, la comunicación y la interacción social en línea.
La fecha clave: 1 de abril de 2026. Si llega a entrar en vigor, el ecosistema digital mexicano nunca volverá a ser el mismo.