El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una actualización crucial sobre el Régimen de Plataformas Digitales, marcando el camino para la tributación de los servicios
Veamos en detalle cómo afecta el régimen a las plataformas digitales y qué implica para su cumplimiento fiscal.
¿Qué es realmente un ‘servicio digital de intermediación’?
El Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024 ha incorporado el criterio 40/IVA/N, el cual define los «servicios de intermediación» en el contexto del Régimen de Plataformas Digitales (RPD).
El Enfoque de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA)
Según el Artículo 18-B de la Ley del IVA, los servicios digitales se definen como aquellos proporcionados a través de internet o redes digitales, siendo mayormente automatizados y posiblemente requiriendo mínima intervención humana.
La fracción II de este artículo se centra específicamente en los servicios digitales de intermediación, que facilitan la conexión entre vendedores y compradores de bienes o servicios.
Puntos Clave Plataformas Digitales:
- La clave está en entender que los servicios de intermediación implican la oferta de bienes y servicios en plataformas digitales, donde el intermediario puede gestionar pagos y obtener comisiones, incluso si se declara como un simple agregador sin intervención directa en la negociación de precios o condiciones.
- Para efectos fiscales, una entidad se considera que presta servicios digitales de intermediación cuando permite a usuarios de su plataforma interactuar para comprar, vender o rentar bienes y servicios, incluyendo la fijación de precios y condiciones.
- Este criterio es crucial, ya que establece que el RPD aplica incluso cuando las plataformas digitales se presentan solo como agregadores en línea, redes de transporte u otras denominaciones, dejando claro que deben cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en la Ley del IVA y la Ley del ISR, incluyendo retenciones de impuestos correspondientes.
Este cambio normativo destaca la importancia de la transparencia y la responsabilidad fiscal para las plataformas que ofrecen servicios de intermediación, asegurando un terreno equitativo para todas las partes involucradas.
